Las actividades extractivas impulsadas por el Estado y empresas privadas en territorios de comunidades, pueblos, comunas y nacionalidades han provocado abusos de poder, vulneración de derechos, conflictos ambientales y la constante ruptura del tejido social, lo cual pone en riesgo sus territorios de vida. Desde el 2008 se ha profundizado la política extractiva en el Ecuador y flexibilizado las normas para facilitar los procesos de licenciamientos y autorizaciones de uso de agua a las empresas, sin considerar la normativa nacional y estándares internacionales de protección de derechos.

Con este antecedente, empezamos a desarrollar nuestro trabajo con una visión integral de la defensa de los territorios considerando la interrelación entre derechos humanos y derechos de la naturaleza con sus especificidades. Hemos acompañado a defensoras y defensores desde la asesoría legal, el litigio estratégico, la incidencia y la capacitación en su labor de defensa del territorio, con enfoques de interculturalidad e interseccionalidad.

A partir de la experiencia de seguimiento a varios casos, podemos decir que en Ecuador no ha existido un solo proceso de participación y consulta previa que respete los principios y disposiciones establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, omisión que ha provocado diferentes tipos de violencias que se traducen en violaciones recurrentes a los derechos de las poblaciones afectadas.

Por este motivo, durante varios años hemos acompañado en acciones de exigibilidad a personas y colectivos afectados por actividades extractivas que han provocado graves impactos en fuentes de agua, áreas protegidas y ecosistemas frágiles, sin que hayan mediado procesos de reparación integral.

Creemos importante facilitar espacios de intercambio de experiencias para la defensa del territorio entre personas defensoras, porque estos espacios permitieron en su momento consolidar procesos de formación para analizar el contexto político/extractivo del país y definir de manera colectiva herramientas de protección de los territorios, y de autoprotección de las personas desde una dimensión individual y colectiva.

Los espacios de discusión sobre la vulneración de derechos de las personas y la naturaleza producto de las actividades extractivas han permitido sostener procesos locales de acompañamiento, denuncia y resistencia pacífica. Como CEDHU hemos apoyado estos procesos con insumos e información derivada de estudios de caso, aporte documental que ha servido de base para visibilizar la realidad extractiva del país, y de esta manera facilitar el debate y discusión pública.

Trabajamos a nivel nacional de forma coordinada con organizaciones, fortaleciendo procesos de articulación y construcción de tejido social en defensa de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Formamos parte de redes nacionales e internacionales que promueven el respeto y vigencia de los derechos exigiendo su restitución y reparación integral. Esta acción mancomunada permite posicionar los problemas que generan las actividades extractivas que son impuestas de manera ilegal e ilegítima en territorios de vida.

En relación con los derechos de las personas y la naturaleza, la incidencia ha sido un elemento importante para visibilizar los abusos de poder y las violaciones a los derechos. Por ello, como CEDHU hemos generado periódicamente productos comunicacionales para visibilizar situaciones de vulneración que han tenido que enfrentar personas y colectividades afectadas por proyectos extractivos. También hemos contribuido a democratizar los espacios de difusión de contenidos generados por otras organizaciones a quienes respaldamos en la defensa del territorio y de la naturaleza, apoyo estratégico que ha contribuido a impulsar otras vías de denuncia.

En resumen, desde un inicio nos planteamos posicionar la defensa de los derechos humanos y la naturaleza desde los territorios, considerando que las personas y la naturaleza forman parte de un mismo espacio de vida (territorios de vida), fortalecer la visión de interdependencia entre ambos derechos, fortalecer y empoderar a defensores y comunidades para la exigibilidad de sus derechos, fortalecer procesos organizativos y redes que incluya el mejoramiento de sus condiciones de salud y soberanía alimentaria, y promover que las organizaciones de base implementen estos enfoques como parte de sus actividades