Después de transcurrir casi un año desde el llamamiento a juicio penal realizado por en contra de la compañía japonesa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, y de cinco de sus funcionarios, el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas integrado por Mirian Cecilia Yánez Vallejo, Delfín Agustin García Camacho y José María Beltrán Ayala convocó a audiencia de juicio que se realizará el día miércoles 10 de enero del 2024 a las 14h10.
El juicio pone en la palestra pública a tres funcionarios históricos de Furukawa que tuvieron cargos de responsabilidad gerencial y directiva: Marcelo A., quien fue gerente y presidente de la compañía, Paúl B., jefe de recursos humanos y Hugo Ch. miembro del directorio, los tres son procesados por su participación en el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil.
Cabe recordar que, en enero de 2023, fueron sobreseídos del juicio Iván S., (antiguo administrador de campo) y Adrián H. (actual gerente). Esta decisión fue apelada por la fiscal María Susana Rodríguez y por los Acusadores Particulares, sin embargo, TODOS LOS JUECES QUE INTEGRAN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SE EXCUSARON DE CONOCER DICHO RECURSO DE APELACIÓN, lo que ocasionó que el sobreseímiento quedará en firme por el ministerio de la ley. Es decir, el recurso de apelación no obtuvo una decisión motivada.
El juicio de la compañía y sus funcionarios constituye un hecho histórico en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras abacaleras. Furukawa y tres de sus directivos podrían ser sentenciados penalmente por lesionar, de manera sistemática, la dignidad humana de cientos de familias -muchas de ellas de origen afrodescendiente- al someterlas a condiciones de vida infrahumanas, a explotación laboral, calificada como una de las formas de esclavitud moderna.
Como Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más reconocemos que la instalación de la audiencia de juicio es importante para obtener una decisión judicial que garantice el derecho de las personas sobrevivientes para obtener una reparación integral. Llamamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a los medios de comunicación a estar atentos a las decisiones que tome el tribunal en este caso emblemático.
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