El día 31 de julio de 2023, la SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR resolvió ADMITIR la demanda de inconstitucionalidad (51-23-IN) del Decreto Ejecutivo No.754 por cumplir los requisitos formales establecidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ACEPTAR la solicitud de suspensión provisional del decreto ejecutivo impugnado.
La Corte en su resolución establece que los hechos relatados sobre la aplicación de la consulta ambiental en el cantón Las Naves y Palo Quemado son verídicos, y que “la relación entre los hechos y la posibilidad de que se afecten derechos es estrecha”; además de la existencia de gravedad de daño, pues “[…] la Sala observa, prima facie, que la intensidad del daño podría ser considerable o difícil de cuantificar considerando el número de consultas ambientales que podrían implementarse; y porque, tal como se ha reportado, su implementación habría traído como consecuencia graves enfrentamientos sociales.”[1]
La decisión de la Corte Constitucional no solo es oportuna sino que permite que los habitantes de las parroquias del cantón Sigchos y Las Naves afectadas por la violencia de militares y policías puedan ejercer su derecho a la resistencia pacífica e interponer las medidas legales necesarias para solicitar justicia por los daños recibidos.
Al respecto, se debe señalar que el día lunes 24 de julio de 2023 los habitantes de la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi, denunciaron a la opinión pública por las redes sociales que militares de las Fuerzas Armadas amedrentaron con su presencia y armamento a la población de esta localidad, mientras que la Policía Nacional reprimía a las personas de la comunidad de San Pablo de la Plata que se encontraban en resistencia pacífica desde el día martes 18 de julio.
El resultado de esta acción violenta y de abuso de la fuerza ha sido 5 personas agredidas, de las cuales 2 están heridas; uno de ellos fue tirado al piso y recibió un impacto de bala en la cara, mientras que el segundo recibió un impacto de bala en la pierna. Familiares y compañeros de la comunidad ayudaron a trasladar a los heridos a centros de salud, recibiendo una atención deficiente lo cual vulneró el derecho de acceso a la salud y atención médica inmediata e integral a toda persona.
Ante la deplorable atención de esta casa de salud, familiares y compañeros de la comunidad se trasladaron al hospital de la ciudad de Santo Domingo, donde los recibieron diciendo: “Ustedes son los que recibieron balas de la UMO”, luego de lo cual no se hizo radiografías a los heridos y tampoco se entregó un informe médico a los familiares a pesar de que solicitaron esta información.
Posteriormente, estas personas se trasladaron a la Fiscalía de Santo Domingo a poner la denuncia, pero no se les entregó ningún documento que certifique la denuncia presentada. Ante estos hechos, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, intervino y se movilizó inmediatamente para que los compañeros heridos reciban atención médica especializada en un centro de salud privado, esto debido a la gravedad de sus heridas.
Por otra parte, es necesario señalar que se han generado afectaciones psicológicas por la violencia e intimidación ejercida por parte de los militares en contra de niños, niñas y adolescentes, quienes fueron confrontados y requisados cuando salían de la escuela. La madre de una de las niñas nos informó que no ha podido reintegrarse a la escuela debido al trauma que le ocasionaron los militares.
Denunciamos una vez más las graves vulneraciones de derechos que están ocurriendo en los territorios donde se desarrolló el proceso inconstitucional de consulta ambiental promovida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), utilizando a la policía y militares para imponerla a la fuerza, cuyo objetivo era facilitar a la empresa canadiense Atico Mining el inicio de la explotación de oro, cobre, plata y zinc en las comunidades de San Pablo de la Plata y Las Minas, y otros territorios.
Informamos que en una reunión mantenida con el embajador de Canadá en Ecuador el día martes 25 de julio de 2023, se pudo conocer que su posición ante los graves hechos que afectaron a los pobladores de las comunidades donde las empresas mineras canadienses están presentes, fue de total respaldo a las actividades mineras de estas compañías y a la seguridad de que los procesos de consulta se están llevando de manera legal. Esperamos que esta postura pueda reconsiderarse en función, no solo de los graves hechos ocurridos, sino de la decisión de la Corte Constitucional que reconoce la verosimilitud de los hechos, la inminencia y gravedad del daño que ocasiona el proceso de consulta ambiental propuesto por el gobierno y ejecutado por el MAATE, apoyado por las empresas de capital canadiense Atico Mining y Curiminig,[1] y respaldado por la Embajada de Canadá.
En este contexto, y previo a la decisión de la Corte Constitucional, el 28 de julio la CEDHU mantuvo una reunión con representantes de la Unión Europea en el Ecuador, representantes del Alto Comisionado para las Naciones Unidas nacional y regional, representantes de las embajadas de Francia, Holanda, Hungría, España y Países Bajos,
delegada de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Front Line Defenders para las Américas, quienes escucharon de los propios voceros de Las Naves y Las Pampas la grave situación que enfrentan con la imposición del inconstitucional Decreto 754. Destacamos el pronunciamiento tanto del Alto Comisionado de Derechos Humanos como de la Delegación de la Unión Europea sobre estos hechos, pues permitió visibilizar la gravedad de los hechos y las afectaciones a las comunidades.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y a los organismos internacionales de derechos humanos a estar alertas y vigilantes frente a los procesos de criminalización que enfrentan campesinos en el cantón Las Naves, a quienes se les está criminalizando por ejercer el derecho a la resistencia ante la violenta imposición de la consulta ambiental. El 03 de agosto de 2023 será la audiencia de juzgamiento en contra de dos campesinos por el presunto cometimiento del delito de daño a bien ajeno público, lo que se da en medio de un proceso de detención e investigación previa cuestionables.
Esperamos que se reconozca el contexto en el que se están procesando penalmente a campesinos por ejercer su derecho a resistir por la defensa del territorio y el agua. Recordamos a la Fiscalía el deber de cumplir con los estándares nacionales e internacionales que deben regir los procesos judiciales contra personas defensoras, y la obligación de los jueces que sustancian estos procesos a juzgar en derecho, considerando los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
[1] Los proyectos son: La Plata de la canadiense Atico Mining y El Domo de la empresa ecuatoriana Curimining, cuyo accionista es Salazar Holdings con sede en Toronto.
[1] SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, Caso 51-23-IN, Jueza Ponente: Alejandra Cárdenas, numeral 30, 31 de julio de 2023.
