Hoy 15 de julio, a las 12h00, en la Unidad Judicial de Las Naves la Fiscalía formuló cargos en contra de dos personas por el delito de daño a bien ajeno público, con lo que dio inició la Fase de Instrucción mediante Procedimiento Directo, es decir, será un proceso breve que tendrá audiencia de juzgamiento el 03 de agosto. El juez a cargo de la causa dictó prisión preventiva en contra de los procesados AG y JC para asegurar su comparecencia a juicio, pues, la defensora pública a cargo de su defensa no presentó justificativos que demuestren que no habrá riesgo de fuga.
Denunciamos que las dos personas procesadas fueron aprehendidas en el cantón Las Naves en horas de la tarde del día viernes 14 de julio y luego trasladadas a un centro de detención en el cantón Guaranda, sin que sus familiares tuvieran conocimiento de este hecho sino hasta la medianoche del mismo día, lo que demuestra que la Policía Nacional incumplió su obligación de poner a los detenidos inmediatamente a órdenes del juez penal competente del cantón Las Naves.
El traslado a Guaranda que está a 3 horas de Las Naves, impidió que el día de ayer, 14 de julio, una abogada particular que, a pedido de los familiares debía ejercer la defensa de uno de los procesados, tuviera acceso al detenido y al parte policial y recién a las 11h00 del mismo día, una hora antes de lo previsto para la realización de la audiencia de flagrancia, la familia supo que el detenido había accedido a tener una defensora pública.
Finalmente, y tal vez lo más grave, Fiscalía anunció como uno de sus elementos de cargo la versión dada por los detenidos, una versión en la que al parecer se habrían “autoincriminado”, es decir, la defensa pública dada por el Estado no garantizó el derecho de todo investigado a no autoincriminarse.
Una vez más recordamos a jueces, fiscales y defensores públicos su obligación de garantizar un proceso justo con observancia rigurosa del debido proceso, y de los principios de presunción de inocencia y mínima intervención penal.
Los procesados de este caso tienen derecho a defenderse en libertad, a no ser incomunicados de sus familiares, y en general a mantener permanente comunicación con sus abogados defensores de confianza, lo cual en este caso no ha ocurrido.
Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y a los medios de comunicación, estar atentos al desarrollo y cumplimiento del debido proceso en este caso, que se dan en el contexto del accionar del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que pretende imponer por la fuerza un inconstitucional proceso de consulta ambiental en Las Naves y que habíamos advertido puede generar más vulneraciones a derechos humanos.
Recordamos al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica que desde hace semanas solicitamos una reunión con la máxima autoridad con el objetivo de prevenir los actuales conflictos socioambientales sin embargo, hasta la presente fecha, no hemos obtenido ninguna respuesta.
A la Corte Constitucional reiteramos el pedido para que conceda medidas cautelares y disponga la suspensión provisional de la aplicación del Decreto Ejecutivo 754 y evitar así que se generen graves vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores.
