15 de marzo de 2023
El miércoles, 15 de marzo de 2023, personas defensoras de la comunidad de San Pablo de Amalí afectadas por la empresa hidroeléctrica Hidrotambo, junto con representantes de las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza que acompañan el caso Dulcepamba: Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos; INREDH; CEDHU; Acción Ecológica; y Proyecto Socioambiental Dulcepamba, se reunieron con el Defensor del Pueblo César E. Córdova Valverde. En esta reunión se insistió en las atribuciones y facultades que tiene la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, exigiendo que actúe frente a las graves y sistemáticas vulneraciones de derechos que les afectan de manera recurrente y constante, como el derecho a la salud, a la vida y vivienda digna, soberanía alimentaria, entre otros, debido a los persistentes incumplimientos de regulaciones por parte de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. en el contexto invernal.
Como es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, con base en las distintas visitas realizadas a la comunidad San Pablo de Amalí durante las últimas dos décadas, la empresa hidroeléctrica Hidrotambo desvió el cauce del río Dulcepamba más de 120 metros hacia la comunidad y dirigió su aliviadero de excesos de aguas y compuerta de desagüe directamente hacia la comunidad desde 2014. Esto ha provocado erosiones e inundaciones devastadoras durante la época invernal casi todos los años en el sector de las obras y el desvío y aguas abajo del mismo. Antes de las obras realizadas por Hidrotambo el río nunca se había acercado a la comunidad, por lo que no se habían experimentado daños significativos ni siquiera durante crecidas muy altas, desde que se fundó en 1960.
Las lluvias provocadas por el ciclón Yaku no han producido escorrentía superficial en el río Dulcepamba que sea significativamente fuera de lo normal en esta cuenca hidrográfica. Es la manipulación del cauce del río realizada por Hidrotambo la que ha provocado un nuevo desbordamiento que ha afectado la única carretera, dejando incomunicadas a más de 600 personas de cuatro comunidades. Estas personas actualmente no tienen acceso al centro de salud, farmacias, tiendas de víveres y mercado de productos agrícolas. Además, en este momento, más de diez viviendas se encuentran en riesgo inminente de socavación e inundación, poniendo en peligro la vida de sus habitantes.
“Solicitamos acción inmediata de la Defensoría del Pueblo, pues este caso es un caso que lleva casi 20 años en espera de justicia y reparación y está en varias instancias, una de ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional del Ecuador, y varios procesos administrativos. Ha sido judicializada múltiples veces y en este momento la situación es gravísima y de riesgo inminente a la vida y la integridad de las personas”, señaló Vivian Idrovo de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos.
Manuela Pacheco defensora histórica de la comunidad San Pablo de Amalí señaló que “a ellos (empresa Hidrotambo) no les importa las vidas de las personas que están en riesgo. Ellos protegen su obra y siguen poniendo en riesgo a las comunidades. ¿Cómo puede haber tanto apoyo para una empresa que hace tanto daño a más de 14.000 personas y apenas producen 3 a 8 megavatios de energía?”
Diego Hernandez, morador de San Pablo de Amalí, agregó: “aquí en esta reunión, señor Defensor del Pueblo, está mi vecino, Edizon Jimenez…su casa está a tan solo 4 metros de donde el río salió de su cauce y se acercó a la comunidad debido al desvío y las obras de Hidrotambo, cuando toda la vida antes de Hidrotambo su casa y las otras casas estaban a casi 200 metros del río. Hay un riesgo inminente para mis vecinos.”
Patricia Carrión de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) insistió a la Defensoría que dé continuidad al seguimiento del debido proceso del proceso administrativo No. 4542-2022 de reversión de la autorización de aprovechamiento de aguas de la empresa hidroeléctrica. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica abrió este proceso en agosto de 2022, debido a los reiterados incumplimientos de la empresa con órdenes de esta autoridad, incluso el requerimiento de rediseñar y reconstruir su infraestructura para evitar provocar erosiones e inundaciones en la comunidad San Pablo de Amalí.
Cecilia Cherrez de Acción Ecológica enfatizó en que este es un caso de impunidad histórica: “Son más de 18 años de un problema detectado con múltiples informes técnicos y fundamento jurídico de derechos humanos y de la naturaleza” explicó, resaltando la práctica de la empresa hidroeléctrica de no dejar el caudal ecológico requerido durante los meses secos y de provocar graves inundaciones año tras año en la época húmeda. También pidió poner atención en los recursos públicos que son afectados por responsabilidad de Hidrotambo, una y otra vez, como es la carretera, a más de las graves afectaciones al patrimonio de las familias de San Pablo de Amalí. «Este caso requiere una reparación integral».
La Defensoría del Pueblo frente a las exigencias comunitarias y de las organizaciones defensoras de derechos, se comprometió a dar seguimiento al debido proceso de la reversión de la autorización de aprovechamiento de aguas de Hidrotambo en el proceso No. 4542-2022. También se comprometió a emitir informes pendientes de sus observaciones durante las visitas a las comunidades afectadas del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el 24 de enero de 2023 y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el 12 de marzo de 2023, «para arbitrar las medidas necesarias», dijo César Córdova, Defensor del Pueblo. El Defensor también señaló que ha ordenado otra visita a San Pablo de Amalí el jueves 16 de marzo de 2023.
Adicionalmente, señaló que hace una semana solicitó a la Corte Constitucional que avance el caso que tiene pendiente sobre las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza por parte de Hidrotambo y la falta de control por parte de las autoridades estatales competentes «de manera inmediata, debido al contexto y riesgo que viven las personas». La Defensoría del Pueblo es co-accionante en este proceso junto con la CEDHU.
Finalmente, señaló que la Defensoría exhortará a la presidencia de la República y a otras instancias del Estado como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que se activen de manera inmediata en la comunidad de San Pablo de Amalí, que se encuentra incomunicada.
Desde las organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza, estaremos pendientes de que se cumpla con lo planteado en esta reunión. También, exigimos el cumplimiento de obligaciones a las instituciones competentes, y que la Institución Nacional de Derechos Humanos active medidas adecuadas, eficaces e inmediatas para proteger la vida y la integridad de las personas y familias de San Pablo de Amalí, debido al grave riesgo que enfrentan.
La Defensoría del Pueblo cuenta con las posibilidades de activar garantías jurisdiccionales y medidas de cumplimiento obligatorio para los órganos del Estado, pues en este momento no es suficiente un “exhorto”, se requieren acciones eficientes y oportunas de las entidades del Estado: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud y MIES para atender la emergencia, y la actuación diligente del MAATE en la resolución del procedimiento administrativo de reversión de la autorización de uso de agua por los reiterados incumplimientos de la empresa Hidrotambo a la normativa y resolución administrativa del MAATE, lo cual ha generado las situaciones de riesgo para las comunidades.
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