8 de diciembre de 2021
El pasado martes, 23 de noviembre de 2021 hasta el jueves 25 de noviembre, en la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, se realizó una nueva inspección de verificación de cumplimiento de obligaciones. En esta inspección, la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) evaluó especialmente las obligaciones consideradas “No Evaluables” en el primer informe técnico que emitió el ARCA en el marco del incumplimiento a las condiciones establecidas en la reformada autorización de aprovechamiento de agua concedida a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. que opera la central hidroeléctrica San José del Tambo.
Este acto se da en función del cumplimiento de la resolución emitida el 7 de octubre del 2019 por la extinta Secretaría del Agua dentro del recurso extraordinario de revisión Nro. 2018-008, que interpusieron 450 personas campesinas e indígenas que cohabitan en la Cuenca Hidrográfica del río Dulcepamba. En esta resolución se decidió reformar el aprovechamiento de agua que tenía la empresa para respetar los derechos prioritarios al agua, especialmente durante la época de verano en la que se corre el riesgo de enfrentar una temporada de sequía. Además, se ordenó a la empresa reconstruir su obra de captación, ya que su infraestructura pone en riesgo a la comunidad San Pablo de Amalí ante crecidas invernales y frente a la destrucción constante de la vida acuática.
Adicional al control de cumplimiento, en agosto del 2021 se realizó una inspección y verificación técnica insitu, mediante la cual el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), sin ningún argumento técnico, y a pesar de observar que la empresa Hidrotambo S.A. se encontraba captando la totalidad del agua del Dulcepamba, concluye que la referida empresa no estaba generando actividades de aprovechamiento durante su periodo de restricción.
Frente a los resultados del último informe realizado en agosto, Yasmin Calva, abogada defensora de los más de 450 accionantes del Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008, ha solicitado una ampliación del mismo, sin que hasta el momento, se tenga respuesta por parte del MAATE.
Para verificar esta particular, la Defensoría del Pueblo solicitó al Operador Nacional de Electricidad (CENACE) el detalle de la energía neta (kWh) generada diariamente por la Central Hidroeléctrica desde el 7 de octubre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021. Con la información recabada, Rachel Conrad, analista socioambiental de la cuenca hidrográfica, concluyó que la compañía había producido electricidad, y por ende, usado agua, todos los días durante los meses de agosto, septiembre y octubre, desde 2019 a 2021. Yasmín Calva explica que de este modo, Hidrotambo S.A. incumplió con las restricciones establecidas en su autorización de aprovechamiento productivo de agua.
En relación a la inspección efectuada el 23 noviembre llama la atención que durante el día que se llevó a cabo los tres aforos del río Dulcepamba, la técnica del ARCA encargada del caso no permaneció de manera continua en la medición que realizaba el INAMHI. Por el contrario, se presentaron al finalizar la tercera medición, sin que pudiera observar que, en la segunda medición, parte del correntómetro que llevó el INAMHI se dañó, dejando de registrar las revoluciones de su hélice (que se convierten posteriormente a velocidades).
Adicionalmente el gerente general de Hidrotambo afirmó que la inspección «era un acto técnico que no requería la presencia de la comunidad». Esto generó malestar entre los presentes. El funcionario respondió con un grito para que permanecieran en silencio las personas de las comunidades y negó que la empresa se oponga a las autorizaciones de uso de agua de miles de familias que coexisten con la cuenca hidrográfica del río Dulcepamba. Además, le dijo al presidente de la comunidad que a él “nadie lo sigue”. Preocupa el pronunciamiento del empresario porque no sólo deslegitima el accionar de la autoridad comunitaria, además crea un clima adverso para la defensa de derechos.
Y, en el caso particular de la abogada, la agresión ocurrió en el marco de la inspección a la hidroeléctrica, puesto que el gerente general le prohibió el paso a las instalaciones, cerrando casi la puerta en su cara y de solicitar la presencia de los guardias para impedir su ingreso. Ante este acto se solicitó el pronunciamiento de la técnica delegada por el ARCA, la misma que no actuó y al finalizar la inspección indicó “que no era su culpa que no le permitiera el paso”. De igual forma, uno de los técnicos de la compañía obstaculizó la vista de la abogada con su cuerpo, para que ella no pudiese observar las explicaciones que hacía el personal técnico de Hidrotambo a la ingeniera del ARCA. Ante ello, la abogada manifestó que su participación se vio limitada por el accionar del gerente general de la hidroeléctrica y a la falta de coordinación efectiva por parte de la ingeniera del ARCA. Estos hechos ponen en evidencia el abuso de poder de la empresa en la inspección y la pasividad con la que actúan los funcionarios estatales encargados de velar por el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos.
Durante este tiempo, personal técnico y jurídico, han sido víctimas de agresiones y actos de hostigamiento por parte de Hidrotambo S.A. y el MAATE. Las abogadas de las comunidades que acompañan este caso: Yasmín Calva González, Vilma Sey Naucin y Patricia Carrión Carrión, esta última como parte del equipo de la CEDHU, fueron víctimas de agresiones y actos de hostigamiento por parte del Viceministro del MAATE, durante la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el 18 de noviembre, cuando el viceministro cuestionó la profesionalidad de las abogadas y aseguró que en este tipo de casos las comunidades mantienen los juicios por los abogados que dilatan los procesos para “recibir beneficios económicos”.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos a las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba -Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh)-, rechazamos los actos de hostigamiento y violencia simbólica que han enfrentado tanto las abogadas defensoras como las comunidades por parte de los funcionarios de la hidroeléctrica, puesto que este tipo de actos ponen en riesgo la labor de las personas defensoras y coartan el libre ejercicio de los derechos humanos a la participación y representación, los cuáles, son irrenunciables e indivisibles.
Recordamos a los funcionarios públicos del ARCA y MAATE que están incumpliento los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador, en particular el Acuerdo Regional de Escazú que obliga al Estado a garantizar un ambiente y condiciones propicias para la labor de las personas defensoras y evitar cualquier acto que pueda poner en riesgo su seguridad. Por lo anterior, recordamos, exigimos y solicitamos:
- Que el Estado ecuatoriano está obligado internacionalmente a promover y garantizar entornos propicios y seguros para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
- Exigimos a la Agencia de Regulación y Control del Agua y al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica un control riguroso de las obligaciones de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A, en vista de que tres años después de la presentación de este recurso, las comunidades no han obtenido una solución oportuna a su denuncia. Por ello, consideramos que es necesario aplicar sanciones pertinentes, debido a la vulneración de derechos que han vivido más de 2856 personas, sus cultivos y animales. Además, exigimos abstenerse de realizar actos que pongan en riesgo la labor de las personas defensoras y cumplir con su deber de garantizar un ambiente propicio para ejercer esta labor.
- Solicitamos a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, active los mecanismos de protección respecto de los actos de estigmatización y hostigamiento que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza, incluyendo la petición expresa a las autoridades estatales involucradas para que garanticen la labor de las personas defensoras. Además, solicitar de manera urgente medidas cautelares ante la CIDH por las amenazas que están enfrentando las comunidades, personal técnico y abogadas del caso, ante el abuso de poder de la empresa y de las autoridades del Estado.
Contactos de prensa:
Acción Ecológica – 099 274 7727
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) – 099 902 9381
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) – 099 205 8210
Proyecto SocioAmbiental Dulcepamba 0989849212
