Acogiendo el pedido de las víctimas, el juez constitucional de primera instancia, Carlos David Vera Cedeño dispuso el diferimiento de la audiencia convocada para el martes, 03 de marzo de 2020, con el propósito de que se evacuen todas las pruebas solicitadas por los accionantes, la inspección y más pericias que corroboren la situación de vulneración de los derechos humanos enfrentada dentro de las haciendas de la empresa productora de abacá. Además, se indicó que se aceptarán todos los pedidos de diligencias y pruebas que sean constitucionales y legales, y que se notificará oportunamente a las partes para definir las fechas de realización de las mismas.
Lamentablemente, durante el tiempo que duró la diligencia, con evidente oposición a las víctimas, el Ministerio de Trabajo rechazó el diferimiento y pidió que la audiencia se realice el mismo día, pese a que la defensa de esta Cartera de Estado conoce que, previo a su instalación es necesario y obligatorio que los operadores de justicia ejecuten las acciones pertinentes, solicitadas por los accionantes (víctimas), para contar con las pruebas necesarias y que se garantice su legítimo derecho a la defensa. Por su parte, la empresa argumentó que el juez no tiene la competencia de realizar la inspección solicitada por las y los trabajadores y sus familias y que son ellos y ellas quienes deben probar que sus derechos han sido vulnerados.
Como organizaciones que acompañamos a las víctimas, rechazamos este intento inconstitucional por parte del Ministerio de Trabajo. Les recordamos a los demandados, así como a los operadores de justicia que en casos como el actual –el más grave en cuanto a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que ha motivado varias preocupaciones del Sistema de Naciones Unidas- son la empresa y el Estado quienes deben corroborar que no han vulnerado los derechos de trabajadores y sus familias, en su mayoría afrodescendientes.
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