Campesinos de San Pablo de Amalí y de la Cuenca del Río Dulcepamba de la provincia de Bolívar recibieron autorizaciones de agua de la Secretaría Nacional del Agua – SENAGUA.
Marlene Cabeza recibe su autorizacion de agua de la Subsecretaria Ab. Veneza Plaza, después de cinco años de viajes al Centro de Atención del Ciudadano de SENAGUA, ubicado en la cuidad de Guaranda, y de múltiples promesas de inspecciónes no realizadas, de las cuales únicamente se contretaron dos.
El 9 de septiembre de 2019, unos 74 de los más de 14 mil campesinos afectados por la empresa Hidrotambo S.A. recibieron autorizaciones de agua después de varias gestiones y años de espera. Mariana Yumbay, Subsecretaria de SENAGUA, se comprometió a que en el plazo de 15 días se reunirá la Comisión Veedora del caso que incluye a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU, a las comunidades afectadas, entre otras organizaciones y actores sociales, para planificar mingas de inspección de agua y tratar sobre la necesidad de que SENAGUA resuelva inmediatamente el Recurso Extraordinario de Revisión, mismo que trata sobre la exhorbitante cantidad de agua entregada en concesión a la empresa Hidrotambo quitando a las comunidades el acceso pleno al agua y violentando este derecho fundamental.
Manuel Trujillo, representante de la comunidad San Pablo de Amalí resaltó la importancia de la participación organizativa de las 140 comunidades afectadas por la empresa Hidrotambo para que se garantice su derecho al agua.
Las comunidades exigen que pronto se apruebe el Recurso Extraordinario de Revisión, debido a que esto les permitirá acceder al recurso vital en época seca y se impedirá que la empresa siga acaparando el agua a costa de la vulneración constante a los derechos humanos que se ha mantenido por más de cinco años, ya que las 74 autorizaciones de agua es un mínimo porcentaje porque existen miles de familias esperando sus autorizaciones y enfrentando feroces oposiciones de Hidrotambo.
