Los asesinatos de defensores del medio ambiente se han duplicado en los últimos 15 años para alcanzar niveles generalmente asociados con zonas de guerra.
Michelle Campos, cuyo padre, abuelo y maestro fueron asesinados por oponerse a la minería en Mindanao, Filipinas.
Los asesinatos de defensores del medio ambiente se han duplicado en los últimos 15 años para alcanzar niveles generalmente asociados con zonas de guerra, según un estudio que revela cómo los asesinatos de activistas se concentran en países con la peor corrupción y las leyes más débiles.
Al menos 1,558 personas en 50 estados fueron asesinadas entre 2002 y 2017 mientras intentaban proteger su tierra, agua o vida silvestre local, dice el análisis, que calcula que la cifra de muertos es casi la mitad que la de las tropas estadounidenses asesinadas en Irak y Afganistán desde 2001.
La tasa de muertes en este período aumentó de dos a cuatro por semana, lo que los autores atribuyeron al aumento del estrés ambiental a medida que la demanda global de recursos empuja a la minería, la agricultura y otras industrias extractivas a regiones cada vez más remotas.
El estudio, publicado en Nature Sustainability, intenta identificar los impulsores más importantes para los asesinatos de defensores ambientales y de tierras.
Filipinas es el país más mortal para los defensores del medio ambiente.
La correlación más fuerte fue con el estado de derecho. Casi todos los asesinatos ocurrieron en los países que obtuvieron los puntajes más bajos en corrupción, derechos fundamentales, poderes gubernamentales, transparencia y supervisión legal. La mayoría de estos se encontraban en países tropicales y subtropicales, particularmente en América Central y del Sur.
Solo el 10% de los asesinatos de defensores resultan en una condena, en comparación con un promedio del 43% para todos los homicidios mundiales, dice el periódico.
«El costo es increíble», dijo Nathalie Butt, autora principal e investigadora de la Universidad de Queensland. «El problema es el conflicto sobre los recursos, pero el problema es la corrupción».
Ella dijo que las empresas y los consumidores en los países ricos del hemisferio norte deberían asumir una mayor responsabilidad por los productos que se obtienen en el sur. “Necesitamos hacer de la ética y la transparencia una parte importante de la cadena de suministro. Tenemos que asegurarnos de que no haya sangre en nuestras manos «.
Los investigadores dicen que es probable que el recuento sea una estimación conservadora porque muchas muertes no se informaron, particularmente en estados autoritarios donde los medios de comunicación y las ONG están restringidos.
Los datos son proporcionados por la ONG de vigilancia Global Witness, que informó una caída en los asesinatos, cerca de tres por semana, en su última encuesta anual. Pero los autores dicen que la tendencia a largo plazo sigue siendo mayor, particularmente con respecto a los asesinatos de indígenas, que constituyen una proporción desproporcionadamente grande de las víctimas.
“Creemos que es probable que aumenten los ataques contra los pueblos indígenas, particularmente en Brasil, donde [el presidente] Jair Bolsonaro ha tomado el poder con la promesa de que los pueblos indígenas deben adaptarse a la mayoría o desaparecer. Está priorizando la explotación del medio ambiente «, advirtió la coautora del informe, Frances Lambrick, cofundadora y directora de la ONG Not1More.
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Tales preocupaciones aumentaron el mes pasado con el asesinato de la líder indígena Emyra Waiãpi en un área plagada de minería ilegal de oro.
El lunes, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades brasileñas que investiguen el incidente y refuercen los esfuerzos para detener las incautaciones ilegales de tierras por parte de mineros, madereros y agricultores.
«La política propuesta por el gobierno brasileño para abrir más áreas de la Amazonía a la minería podría conducir a incidentes de violencia, intimidación y asesinatos del tipo infligido al pueblo Waiãpi la semana pasada», dijo Bachelete.
«Pido al gobierno de Brasil que reconsidere sus políticas hacia los pueblos indígenas y sus tierras, por lo que el asesinato de Emrya Waiãpi no anuncia una nueva ola de violencia destinada a asustar a las personas de sus tierras ancestrales y permitir una mayor destrucción de la selva tropical, con todo el ramificaciones científicamente establecidas que tienen para la exacerbación del cambio climático «.
Jonathan Watts, 5 de agosto de 2019.
