La CEDHU rechaza la implementación de este modelo extractivista que ha afectado a territorios con alta biodiversidad, vulnerando derechos individuales y colectivos, y que ha exacerbado los niveles de violencia.
La implementación del proyecto Mirador ha ocasionado despojo de territorios ancestrales, contaminación, desplazamientos, desalojos forzosos y muertes causando un grave conflicto socioambiental y criminalizando a los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. En el informe preparado por organizaciones sociales para el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas en noviembre de 2018, se registra 32 desalojos de familias, que representan 136 afectados, de los cuales son 52 niños y adolescentes, 12 personas de la tercera edad y 58 adultos.
El proyecto Mirador está ubicado en Tundayme, Zamora Chinchipe, en la Cordillera del Cóndor, uno de los ecosistemas más diversos y frágiles del mundo, según estudios afectaría a 227 fuentes de agua. Es el primer proyecto a gran escala de cobre, plata y oro que entra en la fase de explotación en el país y uno de los más conflictivos. La intervención en la zona de influencia ha sido violenta, con la participación de decenas de policías y guardias de seguridad privada de la empresa Ecuacorriente ECSA.
A futuro, en los 30 años de vida operativa de la mina y que el Estado ha garantizado su renovación por el mismo período, existirá remoción de millones de toneladas de tierra, elementos químicos y la utilización de millones de metros cúbicos de agua dulce, que también será contaminada. El costo de la minería a gran escala para el país será elevado, se prioriza una ganancia económica a mediano plazo poniendo en riesgo la vida misma de los seres humanos quienes a su vez dependemos de la madre tierra para subsistir. Somos testigos de vastas extensiones de tierra de países vecinos convertidos en desierto a causa de la explotación minera.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU rechaza la entrega de nuestros recursos naturales para beneficio del capital transnacional y la implementación de este modelo extractivista que ha afectado a territorios con alta biodiversidad, vulnerando derechos individuales y colectivos, y que ha exacerbado los niveles de violencia.
Hacemos un llamado a las autoridades e instituciones de gobierno para que se tome en cuenta la voz de las comunidades, poblaciones y personas afectadas, que se respete el derecho a la consulta previa y popular, y que no se implemente este modelo extractivista de manera arbitraria, violenta y sin contar con la legitimidad de los sectores afectados.
