Hacemos una llamada urgente al Gobierno a retirar a sus empleados y subcontratistas con el fin de prevenir enfrentamientos violentos entre comuneros, hasta que el estado cumpla estrictamente con las observaciones y resoluciones de la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo; incluyendo ejecutar la caducidad de la concesión minera Llurimagua.
Por pedido de los integrantes de la Asociación de Producción Agrícola Defensores del Agua, Tierra y Vida (ASOPROAGUA), la cual agrupa a 30 familias del sector de Cerro Pelado y Barcelona; aledañas a la comunidad de Junín, denunciamos la agresiva e ilegal ocupación de tierras comunitarias por funcionarios del Gobierno y empleados de la estatal chilena Codelco que no buscan otra cosa sino provocar un enfrentamiento entre comuneros en favor y en contra de la minería.
Sin importarles las resoluciones de la Defensoría del Pueblo y sin haber cumplido con las observaciones de la Contraloría General del Estado, desde el día martes, 28 de mayo de 2019, funcionarios de Codelco, Enami, y Cardo Entrix provocan a las comunidades de Intag ingresando a bosques pertenecientes a las comunidades sin previamente consultar o siquiera socializar la razón de su presencia, o de dar a conocer las labores que pretenden realizar en ésta área de bosques primarios rica en vestigios arqueológicos y ríos prístinos.
La área ocupada se encuentra dentro de los límites de la concesión minera Llurimagua, y donde Codelco pretende ampliar la exploración avanzada. La titular de la concesión es la Enami E.P., sin embargo ha sido la chilena Codelco que hasta la fecha, ha cubierto todos los gastos de la exploración avanzada, que en la anterior fase dejó ríos contaminados y donde se taló ilegalmente decenas de árboles milenarios en bosque primarios (hechos comprobados por la Contraloría).
Primeros enfrentamientos:
El día de ayer, elementos en favor de la minería provocaron ya el primer acto de agresión, cuando pararon un camión de la cooperativa de transporte de Apuela que transitaba en el sector. Uno de los moradores le quitó el celular al chofer violentamente al ver que estaba filmando. Por suerte, en esta ocasión, no hubo mayores desgracias. Irónicamente, el chofer transportaba víveres para los empleados de las empresas que se metieron a la fuerza en los bosques. Hasta ayer por la tarde, se presume que no menos de 20 mulas con carga pudieron ingresar al bosque.
Se presume que el objetivo de los funcionarios y empleados es de construir campamentos para, o bien continuar con la exploración avanzada, o tomar posesión de las tierras agresivamente con la finalidad de llevar a cabo más investigaciones para elaborar otro «Estudio de Impacto Ambiental» una vez que se comprobó lo defectuoso que fue el primer Estudio, realizado por la misma empresa que hoy se encuentra en los bosques comunitarios.
Hacemos una llamada urgente al Gobierno a retirar a sus empleados y subcontratistas con el fin de prevenir enfrentamientos violentos entre comuneros, hasta que el estado cumpla estrictamente con las observaciones y resoluciones de la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo; incluyendo ejecutar la caducidad de la concesión minera Llurimagua.
Defensa y Conservación Ecológica de Intag – DECOIN
