Solidaridad con las víctimas y afectados por el caso de servidumbre y otras vulneraciones de derechos en los campamentos de la empresa Furukawa
La empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, se fundó el 22 de febrero de 1963 y opera casi 6 décadas en Ecuador, es una empresa de capital extranjero -japonés y filipino dedicada a la producción y exportación de Abacá. Durante estos años ha vulnerado los derechos de las familias que viven en sus 32 haciendas, ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, cosechando el tallo y extrayendo la fibra de Abacá.
Esta es una grave violación a sus derechos fundamentales, debido a las condiciones de vida en extrema pobreza e indignas, provocadas principalmente por las bajas remuneraciones sin contratos laborales, la falta de servicios básicos y saneamiento ambiental.
Según el Informe de Verificación elaborado por la Defensoría del Pueblo (2019) dentro de las haciendas de la empresa se han construido campamentos donde viven familias enteras, incluidas mujeres, niños y adultos mayores, que trabajan extrayendo la fibra de Abacá y entregan exclusivamente a la empresa Furukawa a cambio de bajas remuneraciones. Esta relación está fijada mediante acuerdos firmados con un intermediario (arrendatario) que también vive en los campamentos, pero sobre todo están basados en la costumbre: así ha sido, así han aprendido a vivir y trabajar y han naturalizado la forma. Las personas que habitan dentro de las haciendas de Furukawa no han logrado cambiar su situación de explotación, servidumbre y violencia. Aquellos que dejan de vivir y trabajar en las haciendas, muchas veces regresan y otros tienen graves dificultades para rehacer sus proyectos de vida.
Denunciamos condiciones de vida indignas e insalubres en los campamentos de trabajo, sin acceso a luz eléctrica, agua potable o saneamiento ambiental. Por los hacinamientos se producen afecciones respiratorias, a la piel y parasitosis. Las condiciones de trabajo son precarias, no existe una relación laboral directa, existen al menos 60 personas que no tienen registro de identidad, la mayoría niños y niñas. Se ha identificado trabajo infantil y según testimonios varias personas nacieron en los campamentos. El trabajo que realizan es peligroso y no cuentan con equipamiento adecuado, muchos de ellos tienen cortes y mutilaciones en su cuerpo, algunas sin tratamiento adecuados. La mayoría de personas no tienen acceso a servicios de salud ni educación, por su condición de pobreza.
Así tenemos el caso de una persona que vive en los campamentos de la empresa, “Miren esta mano fracturada, esto se llama platino; esta pierna también es fracturada, esto no es el mate de la rodilla, es platino. Nadie me ha ayudado. Yo mismo he tenido que trabajar, me han hecho curar, pero yo mismo he pagado. Esta pierna cuesta 11’ 300.000 sucres, esta mano cuesta 8’000.000 de sucres. En dónde está lo que me han ayudado. He derramado mi sangre y todavía seguirla derramando, no es caso pues, hay que poner las cartas sobre la mesa”. Otra persona que denuncia afectaciones a los derechos de las mujeres y de la niñez, “Cuando mi esposo falleció, a mí no me han ayudado ni siquiera con un paquete de velas. Me prestó un dinero la empresa y me descontó en la misma semana, que fue 900 dólares. Por tal manera, yo también pido mis derechos. Y como varias mujeres que trabajamos ahí, niños que trabajan ahí y no tienen ningún derecho. Todas las personas que andamos luchando queremos nuestros derechos. Nosotros no tenemos ningún servicio básico, no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos que tomar agua de los ríos. No tenemos nada para nosotros tener una vida bien. En el caso de mi esposo, cayó enfermo, no hubo en qué sacarlo rápido. Él falleció y no me ayudaron para nada. A él le dio derrame cerebral”.
También el caso de Walter Sánchez, representante de la Asociación Esperanza de Nuevo Amanecer, quien ha acompañado y se ha solidarizado con los trabajadores y ex trabajadores de la empresa Furukawa, ha sido amenazado contra su integridad física y denunciado con acusaciones falsas. Buscan deslegitimar su accionar como defensor de derechos humanos y hacerlo retroceder en el proceso de organización especialmente en las provincias de Santo Domingo y Los Ríos donde se encuentran las haciendas de Furukawa.
Estas prácticas contravienen las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, pues se evidencian elementos constitutivos de servidumbre y esclavitud moderna, que afecta al conjunto de derechos humanos de quienes viven en las haciendas y de varios ex trabajadores organizados y que demandan reparación.
Es inadmisible que continúen manteniéndose relaciones precarias de trabajo prohibidas por la ley contraviniendo las normas de salud y riesgos del trabajo, desconociendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las familias que habitan dentro de las haciendas de la empresa Furukawa.
Exigimos a las instituciones del Estado tomar medidas urgentes para atender de manera oportuna a la población en situación de vulnerabilidad y a implementar mecanismos de reparación integral. Exigimos que se cumplan las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre este caso e insistimos:
A la Secretaría de Gestión de la Política que garantice la seguridad de las personas que viven en las haciendas de la empresa Furukawa, para protegerlas de los abusos de poder y de los posibles desalojos y detenciones arbitrarias. Además, denunciamos la intervención de la Tenienta Política de la parroquia Luz América, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a favor de los intereses de la empresa.
Al Ministerio del Trabajo el cierre definitivo de la empresa Furukawa, debido a la precarización laboral y pedimos la reparación integral de los derechos laborales conculcados, además el reconocimiento de las indemnizaciones por los daños de trabajo de manera inmediata y la imposición de multas a la empresa por cada uno de los trabajadores y por los campamentos.
Al Ministerio de Inclusión Económica y Social que tome todas las acciones urgentes para garantizar la vida de las personas que habitan en las haciendas, pues no cuentan con los medios de vida para su subsistencia mientras dure los procesos jurídicos y administrativos de reparación integral e indemnizaciones legales.
A la Fiscalía General del Estado exigimos que actué de manera inmediata frente a la denuncia por intimidación y amenaza de muerte en contra de Walter Sánchez presentada el 19 de enero de 2019; además que inicie las investigaciones necesarias para determinar los hechos que constituyen los delitos previstos en el COIP: servidumbre y trata de personas.
Rechazamos el comunicado de la empresa Furukawa del 19 de febrero de 2019, en el que calificó a Walter Sánchez de “agitador” por defender los derechos de personas que son víctimas de esclavitud.
Responsabilizamos al Estado por la seguridad e integridad de Walter Sánchez y de las personas que viven en las haciendas de la empresa Furukawa. Y exigimos que la fuerza pública no se preste para garantizar los intereses de la empresa, sino para precautelar la vida y seguridad de las personas a las que se les ha vulnerado sus derechos.
Estaremos vigilantes a las acciones que debe cumplir el Estado y presentaremos las acciones jurídicas necesarias, para que se sancione a las personas responsables de la vulneración de derechos y que exista un verdadero proceso de reparación a las víctimas. Llamamos a personas, organizaciones, instituciones y medios de comunicación a sumarse a las acciones de solidaridad que se emprendan para apoyar a las personas afectadas por esta trágica situación.
Exigimos una respuesta efectiva de parte de las instituciones del Estado, sanción a las personas responsables y reparación integral para las víctimas. Para constancia suscribimos:
- Acción Ecológica
- Asociación Pallasos en Rebeldía, España
- Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” – CSMM
- Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos – SURKUNA
- Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria-CESYCME, México
- Colectivo de Antropólogas del Ecuador
- Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU
- Comité Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos
- Convergencia Colombia Humana en Chile
- Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente – CEDENMA
- Escuela Preparatoria Oficial 346 Vladimir Ilich Ulianov Lenin, México
- Fundación Libera Ecuador
- Fundación Pueblo Indio del Ecuador
- Fundación de Progreso Social Manos Unidas
- Grupo Kanaka
- Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
- Movimiento por la Asamblea Constituyente Región de los Ríos, Chile
- Mujeres Propalestinas y Descendientes Alkarama-España
- Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador – OMASNE
- Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas de Chile
- Observatorio Nacional de la Plurinacionalidad e Interculturalidad – ONPI
- Plaza de los Pueblos, España
- Unión de Afectados por Chevron Texaco – UDAPT
- Red de Medios Digitales de Comunicación Alternativa del Ecuador-Infórmate Pueblo
- Yasunidos
- Yasunidos Guapundélig
- Fernando Muñoz Miño, El Colectivo
- Patricio Pillajo, presidente de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha – FETRALPI
- Rodrigo Ontaneda, Fundación Maquipucuna
- Patricio Pilca, docente Universidad Central del Ecuador
- Tomás Quevedo, docente Universidad Central del Ecuador
- Ricardo Sánchez, docente Universidad Central del Ecuador
- David Chávez, director Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador
- José Antonio Figueroa, vicerrector de la Universidad Central del Ecuador
- Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos
- Manuel Martínez, Pacto por la Niñez y la Adolescencia
- Marbel Caicedo, Centro de Investigación, Capacitación y Desarrollo – CICD
- Rosa Palacios Barriga, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Educadores
- Carolina Santos Souto de Andrade, politóloga brasileña
- Alejandro Moreano
- Kintto Lucas
