La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos condena las medidas totalitarias que se están tomando ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y 8 organizaciones más. A Continuación compartimos y suscribimos el comunicado de la FIDH y nos solidarizamos con el pueblo de Nicaragua.
A la atención de Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y del Señor/la Señora el/la embajador/a de Nicaragua.
Objeto: Solicitud de restauración inmediata de la personalidad jurídica del CENIDH, organización miembro de la FIDH, y de 8 otras ONGs.
El 12 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua anuló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) a petición del Ministro del interior. El motivo invocado es que el CENIDH habría desvirtuado su personalidad jurídica al no actuar de conformidad con sus fines y objetivos para los cuales se le había sido concedida y en particular “la realización de la paz y de la justicia en Nicaragua”.
Esta decisión constituye una restricción arbitraria del derecho a la libertad de asociación en violación de las obligaciones internacionales de Nicaragua. Se trata claramente de un acto de represalia por la denunciación activa por el CENIDH de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, sobre todo estos últimos 6 meses.
En 15 días, son en total 9 ONGs que han sido privadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional. Por otra parte, 2 medios de comunicación independientes han sido saqueados y están actualmente ocupados por la policía.
Estamos sumamente preocupados por la represión violenta desplegada por el gobierno Ortega-Murillo estos últimos meses. Esta ha provocado la muerte de más de 300 personas y más de 500 detenciones arbitrarias. Después, de estos ataques en contra de los movimientos estudiantes, campesinos y sindicales el gobierno parece ahora querer reducir al silencio la sociedad civil organizada quitándole la personalidad jurídica a las más importantes ONGs y obstaculizando gravemente el trabajo de la prensa independiente.
En este contexto, instamos a las autoridades de Nicaragua a que revisen inmediatamente su decisión y restauren la personalidad jurídica del CENIDH y de las otras ONGs.
Esperamos que Nicaragua desee seguir siendo un país respetuoso del pluralismo político y societal y no convertirse en un régimen dictatorial.
Dimitris Christopoulos
Presidente de la FIDH
