VIOLENCIA DE GÉNERO
De acuerdo al INEC en su encuesta sobre Relaciones Familiares del 2010, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género durante sus vidas, los datos señalan que la violencia física y la sexual, en cuanto a denuncias, no pasan del 10% respectivamente, del total de las denuncias; por el contrario, la violencia psicológica, constituye el 80% del total de denuncias.
Existe un sub registro de los delitos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas debido fundamentalmente a su naturalización, sean hechos que ocurren en el ámbito intrafamiliar, escolar, el transporte público o en las calles y parques. La tendencia es invisibilizar y minimizar los casos, reduciendo el carácter delictivo cuando al judicializarse se sigue responsabilizando a las mujeres por la ocurrencia de estos hechos.
En relación a la violencia contra las niñas y adolescentes menores de 14 años de edad, según datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, ellas son las principales víctimas de abuso sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos. De cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no se denuncian.
La Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública afectando negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, en tanto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que el femicidio es la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres.
A pesar de que Ecuador cuenta con un marco jurídico de avanzada en torno a la protección de los derechos humanos, sin embargo en la práctica se advierte la falta de políticas públicas e instituciones capaces de asegurar su efectiva aplicación. Frente al alto índice de casos de violencia contra las mujeres y las niñas y en especial de femicidios desde 2011 la CEDHU comenzó a efectuar un registro de casos de femicidio, con la finalidad de ver la respuesta del Estado en el campo judicial. A partir de 2015 en colaboración con Taller de Comunicación Mujer (TCM) desarrolla un proyecto para registrar, analizar y efectuar acciones de prevención en favor del pleno respeto del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
De los medios de comunicación social se recoge casos de femicidio, a los cuales se da seguimiento a nivel de fiscalía y juzgados con la finalidad de documentar las acciones que realiza el Estado en torno al cumplimiento de su obligación de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. En un primer informe efectuado sobre las decisiones judiciales adoptadas en casos ocurridos en 2015, se pudo detectar que la administración de justicia circunscribe el femicidio exclusivamente al terreno intrafamiliar, olvidando los femicidios indirectos o por conexión que se juzgan con otras figuras penales.
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