Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, durante la samblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre; así lo han afirmado hoy Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), la Fundación Pachamama, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Fundación Terra Mater y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de Los Hemisferios (CIIAT-UDH), en una carta conjunta firmada por más de dos centenares de ONG y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.
Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, durante la samblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre; así lo han afirmado hoy Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), la Fundación Pachamama, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Fundación Terra Mater y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad de Los Hemisferios (CIIAT-UDH), en una carta conjunta firmada por más de dos centenares de ONG y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.
“Este tratado es clave para la sociedad civil de nuestros países y de los propios Estados latinoamericanos y caribeños en su conjunto, pues contarán con un instrumento regional que promoverá la justicia ambiental y, al mismo tiempo, proveerá de la base legal para la protección de quienes luchan por la defensa de la naturaleza y los derechos humanos ambientales”, señaló Manolo Morales, director ejecutivo de ECOLEX.
En esta carta abierta, las ONG hacen un llamamiento a los gobiernos para que firmen el Acuerdo y a continuación adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países. Ha sido firmada por más de 200 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, asuntos ambientales o desarrollo y democracia, entre ellas Amnistía Internacional, Artículo 18, CEJIL, CIVICUS, FIDH, People in Need y Robert F. Kennedy Human Rights.
Aprobado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el ambiente.
Para Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios, “el Acuerdo de Escazú se constituye en el convenio regional más importante a nivel global en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y ambiente, y en esta medida para Ecuador representa una enorme oportunidad para trasmitir un mensaje político directo: el país avanza con decisión y paso firme en la construcción de una sociedad democrática, transparente, participativa e inclusiva y justa”.
Por su parte, Cecilia Chérrez, presidenta de Acción Ecológica, sostuvo que para el Ecuador, firmar este Acuerdo puede ser un avance tan importante como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República”. Los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU, en Nueva York, a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Cecilia Chérrez (Acción Ecológica, 099 970 9525),
Pablo de la Vega (Centro Segundo Montes Mozo, 099 652 2281),
Manolo Morales (ECOLEX, 02 322 6326) y/o
Daniel Barragán (CIIAT-UDH, 099 737 7734).
