El 01 de Junio 2018, el Juez Paúl Serrano aceptó la acción de protección y las medidas cautelares que detuvieron el proyecto minero Río Blanco, que comprende 5.799 hectáreas y está ubicado entre las parroquias Molleturo y Chauca, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay.
Las concesiones de este proyecto son de la empresa china Junefield Resources, a través de su subsidiara en Ecuador Ecuagoldmining South América S.A., proyecto catalogado como mediana minería que, actualmente, se encuentra en fase de explotación.
Previo el otorgamiento de estas concesiones el Estado NO cumplió con la obligación de garantizar la consulta previa, libre e informada o la consulta previa ambiental establecida en los artículos 57 y 398 de la Constitución.
De esta manera se aceptó la acción de protección por violación del derecho a la consulta previa, libre e informada en el proyecto minero Río Blanco y se ordenó: la suspensión de la explotación y actividad minera inmediata; la desmilitarización gradual y paulatina de la zona; y que la Defensoría del Pueblo realice seguimiento y cumplimiento de la presente sentencia.
Esta sentencia se constituye en un precedente jurídico histórico para la defensa de los derechos humanos, territoriales y de la naturaleza en el país, pues reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas en una región que lleva más de 20 años resistiendo a las actividades extractivas mineras.
Sin embargo, el 23 de julio de 2018 se dará lugar a la audiencia de apelación a la sentencia de acción de protección a favor de las comunidades de Molleturo en la ciudad de Cuenca. La decisión acertada del Juez Serrano, es una oportunidad para creer en un sistema judicial independiente que no responda directamente a los intereses de las empresas extractivas, es por esto que exigimos que esta sentencia sea ratificada en la audiencia.
El deber del Estado es cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
